¿Qué pasa cuando se incumple un reglamento?

El incumplimiento, en el fondo, puede dar lugar a sanciones civiles y penales, incluso a la cárcel. Las multas y sanciones: Las organizaciones que infringen las normas de privacidad pueden enfrentarse a multas y sanciones impuestas por los organismos reguladores que las rigen. Demandas judiciales: Cuando se produce una violación de datos como resultado del incumplimiento, las consecuencias van más allá de las multas y sanciones. Las multas del GDPR, por ejemplo, pueden costar a una organización hasta el 4% de sus ingresos. Encarcelamiento: Las normas reguladoras exigen a las organizaciones que tomen las medidas necesarias para proteger los datos de sus clientes. En los casos más graves de incumplimiento, los propietarios, directores y ejecutivos de una empresa pueden enfrentarse a penas de prisión por negligencia criminal. Una empresa puede presentar una autodeclaración voluntaria, y la OFAC puede no estar de acuerdo con su presentación o con la naturaleza de la infracción. Sin embargo, si se trata de un caso atroz, lo que significa que la actividad fue intencionada o temeraria o que la entidad era consciente de la conducta, éste será otro factor que se tendrá en cuenta. La OFAC también tiene un calendario para administrar las multas en función de las transacciones, y hay una cierta variación en función del programa concreto. La gravedad (o el importe) de la multa está directamente correlacionada con el valor de la transacción. Cuanto mayor sea el valor de la transacción, mayor será la multa.

La simple lectura y firma como señal de aprobación por ambas partes de la relación laboral empleador – trabajador, podría interpretarse como que efectivamente el reglamento interno es parte integrante del contrato de trabajo. Esto nos lleva a proponer una tesis donde, en caso de incumplimiento, estaríamos también faltando al contrato de trabajo y por consiguiente, ser objeto de aquellas sanciones propias del incumplimiento grave como, por ejemplo, una desvinculación. Lo cierto es que existe una diferencia entre el contenido meramente reglamentario de las obligaciones que se imponen en el reglamento interno al trabajador, con aquellas que tienen su origen en el contrato de trabajo, cuyo contenido lo regula la legislación de manera distinta. De esta forma, solo podría llegar a existir una infracción a las obligaciones que establece el reglamento interno, pero no un incumplimiento a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, en los términos exigidos en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. Por lo tanto, frente a la existencia de una transgresión del Reglamento Interno, la única consecuencia sería alguna de las sanciones que el mismo reglamento interno y la ley contemplan para estos casos. Dado que el artículo 154 N°10 del Código del Trabajo, al referirse al contenido del mismo, indica que las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones señaladas en el reglamento, solo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el 25% de la remuneración diaria. También establece que, si ha sido el propio legislador el que ha efectuado un análisis de mérito, respecto a la entidad que reviste una infracción a las obligaciones que contiene el reglamento interno de la empresa, señalando el límite máximo de las sanciones que pueden aplicarse ante tal vulneración, resulta, por lo tanto, incongruente que el empleador intente dar una sanción distinta.