¿Qué es la penalización en un contrato?

Existen dos tipos de penalidades en un contrato público: por incumplimiento de la obligación de formalizar el contrato por incumplimiento en la ejecución del contrato. En relación con las penalidades por incumplimiento en la ejecución del contrato, en los contratos de obra -y también en el resto- se pueden establecer penalidades de carácter económico, que se determinarán en los pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación. El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por cien del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. En los supuestos de demora en el cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. La LCSP establece que la formalización del contrato debe efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. En estos supuestos, cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá una penalización del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se hará efectivo contra la garantía definitiva si ya se hubiera constituido.

Una cláusula penal es una condición acordada previamente en un contrato, mediante la cual se fijan penalizaciones económicas o otros tipos de sanciones si una de las partes incumple el acuerdo. El objetivo principal de esta cláusula es establecer una compensación automática por los daños causados por el incumplimiento, evitando así tener que probar el daño real en caso de conflicto. Se trata de una cláusula que establece una penalización o sanción económica en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, si el proveedor no cumple con el tiempo de entrega acordado, podría ser penalizado con una determinada cantidad de dinero. Una cláusula penal que establece penalizaciones excesivas en relación con el incumplimiento puede ser considerada abusiva e incluso nula por los tribunales. Si la cantidad acordada no guarda una relación razonable con el daño real, el contrato podría perder su eficacia. Para asegurarte de que la cláusula penal sea válida y eficaz, es fundamental que sea clara y específica, sea proporcional, incluya plazos concretos y permita alternativas. Define con precisión las condiciones y el monto de la penalización. Asegúrate de que la penalización esté relacionada con el daño real que causaría el incumplimiento. Establece un calendario claro para la aplicación de la penalización. Considera la posibilidad de negociar en lugar de aplicar una penalización automática en casos de incumplimiento menores.

La cláusula penal es una disposición contractual que impone una sanción económica u otro tipo de penalización en caso de incumplimiento de una de las partes. El propósito de esta cláusula es incentivar el cumplimiento de la obligación pactada y establecer previamente las consecuencias de un incumplimiento sin necesidad de demostrar los daños reales. La cláusula penal puede sustituir a la indemnización por daños y perjuicios, salvo que se acuerde lo contrario. Además, las partes pueden pactar que, además de la penalidad, se exijan daños adicionales, siempre y cuando se demuestren los perjuicios ocasionados. La cláusula penal tiene varias finalidades, entre ellas: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Desincentivar el incumplimiento a través de sanciones predefinidas. Evitar largas disputas sobre la cuantificación de los daños al tener una penalidad pactada de antemano.