Reglamento de seguridad para menores

La nueva ley introduce importantes medidas de seguridad digital como órdenes de alejamiento virtual, controles parentales obligatorios y sanciones más severas por la difusión de contenido sexual o vejatorio generado con inteligencia artificial. Se establece la figura de la orden de alejamiento virtual para aquellas personas que cometan delitos digitales contra menores. La normativa obliga a que todos los dispositivos electrónicos, incluidos móviles, tabletas y televisores inteligentes, incorporen sistemas de control parental activados por defecto. La ley penaliza la difusión y creación de contenido sexual o vejatorio mediante inteligencia artificial, conocidos como 'deepfakes'. Estas acciones, que pueden afectar gravemente la reputación y bienestar de los menores, serán consideradas delitos con penas agravadas si se utilizan identidades falsas o si el contenido se difunde masivamente. La normativa establece la creación de un sistema de etiquetado de contenidos digitales con lenguaje accesible, que incluya advertencias claras sobre la adecuación de los materiales para menores. El nuevo marco legal eleva de 14 a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales en redes sociales. Los pediatras tendrán un rol clave en la detección de adicciones digitales y el uso inadecuado de dispositivos electrónicos. La ley contempla la implementación de un plan de alfabetización digital en los centros educativos, con clases desde la educación primaria para fomentar un uso responsable de internet y combatir la desinformación. Con su tramitación en el Congreso, el Gobierno espera que la ley entre en vigor en los próximos meses, estableciendo un marco legal que garantice la protección de los menores en el ecosistema digital del siglo XXI.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, una de las medidas incluidas en el gran acuerdo de país que el Gobierno está impulsando para salvaguardar la salud, el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. El objetivo de esta norma, tal y como ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, especialmente el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad. La ley contiene medidas para mejorar el conocimiento de los menores y de sus familias sobre los riesgos del entorno digital, sancionar de forma adecuada la vulneración de derechos que puede producirse en ese entorno -como, por ejemplo, la difusión de imágenes generadas por IA- e imponer obligaciones a grandes operadores e influencers, para garantizar la información y los derechos de los menores. El Anteproyecto de Ley establece, por un lado, medidas para el sector público y para las empresas tecnológicas y, por otro, algunas modificaciones legales, entre otras, en el Código Penal. La norma obliga a los poderes públicos a elaborar una Estrategia Nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital y, de manera más específica, a impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en la esfera digital y los riesgos que esta entraña, con especial atención al consumo de material pornográfico, e investigar sobre los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes. Además, en el ámbito sanitario, incluye medidas para el fomento de la detección precoz, la prevención y la atención especializadas a menores con patologías asociadas al uso inadecuado de dispositivos; y en el ámbito educativo, planes de formación específica, educación en ciudadanía digital y alfabetización mediática, privacidad y propiedad intelectual. La norma prohíbe, con carácter general, el acceso de las personas menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas (loot boxes), y obliga tanto a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer enlaces a los canales de denuncias como a los influencers a avisar de forma inequívoca, siempre que el contenido que están difundiendo sea potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de niños, niñas y adolescentes. El Anteproyecto de Ley tipifica como delitos los deepfakes pornográficos, es decir, la difusión, sin autorización, de imágenes o audio generado por inteligencia artificial o cualquier otra tecnología. La norma también regula el alejamiento online, introduce el denominado grooming (engaño online a menores) como circunstancia agravante en diferentes delitos contra la libertad sexual de menores, y refuerza la tipificación de la difusión de material pornográfico a los niños y niñas, para evitar algunas conductas impunes.